El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado la ejecución de una sentencia que anula la declaración de incompatibilidad de una edil del grupo socialista en Casas Del Monte. La resolución judicial, que ya es firme, determinó que se vulneró el derecho fundamental de participación política de la concejala, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española.
Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el pleno municipal declaró la incompatibilidad de la edil, decisión que fue recurrida junto a otras dos concejalas del mismo grupo político. Tras el cese efectivo en enero de 2024, la afectada emprendió acciones legales que culminaron en una sentencia favorable en junio del mismo año.
La resolución judicial no solo anula el acuerdo de incompatibilidad, sino que además condena al consistorio al pago de las costas procesales. La demanda de ejecución presentada ahora reclama los salarios no percibidos durante el periodo de cese, así como las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes y una indemnización por daños morales.
La cantidad total reclamada supera los 15.000 euros, incluyendo los salarios dejados de percibir durante más de seis meses y la compensación por perjuicios causados. A pesar de los intentos de alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento de Casas Del Monte liderado por el Partido Popular, la falta de respuesta ha obligado a la afectada a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la protección judicial de los derechos fundamentales en el ámbito de la participación política municipal y las garantías que ofrece el sistema judicial para su salvaguarda. Para el PSOE de Casas del Monte “La sentencia es firme y da la razón a nuestro grupo municipal y pone en evidencia una vez más las formas de gobierno del Partido Popular que intenta amedrentar y ocasionar daños a las personas y que de forma irregular intenta evitar que los concejales podamos hacer oposición y fiscalización de su gestión. Cabe recordar que el anterior alcalde del Partido Popular fue condenado e inhabilitado para ejercer cargo público durante 9 años por sus prácticas ilegales.
