La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cuestionó el 15 de enero de 2025 en el pleno de la Asamblea la gestión del gobierno regional del PP sobre el proyecto de la mina de litio en Cáceres, al otorgar un permiso de explotación directa sin verificar la solvencia económica de la empresa promotora.
Durante su intervención ante la consejera de Agricultura, De Miguel señaló que el gobierno ha incumplido la Ley de Minas al no exigir las garantías económicas necesarias y ha concedido un plazo extraordinario de 6 meses para presentar documentación, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo establece solo 10 días para subsanaciones.
La portavoz criticó también la declaración del proyecto como PREMIA, que permite una tramitación administrativa acelerada y subvenciones directas al empleo, sin requerir documentación exhaustiva sobre sus implicaciones ambientales, socioeconómicas y de salud.
Según De Miguel, el gobierno regional solo ha solicitado documentación adicional tras la manifestación de 8.000 personas en contra del proyecto minero. La dirigente reclamó mayor transparencia en la tramitación y acusó al ejecutivo de favorecer a una «empresa extractiva y especuladora».
La formación política considera que la administración está gestionando el expediente de manera «negligente» y sortea constantemente la legislación vigente.
