Unidas por Extremadura lleva al pleno de la Asamblea del jueves 5 de noviembre preguntas sobre educación, vivienda, biometano y homologación salarial de los empleados públicos. El grupo pregunta por el cierre o cese de actividad de los colegios de Aljucén y Alvarado y de las residencias de Hervás y Alburquerque.
El grupo también presenta una propuesta de impulso sobre vivienda. Exige que la Junta declare zonas de mercado tensionado en Cáceres, Mérida y Badajoz, municipios donde, según el grupo, el alquiler ha subido de forma exponencial. Además, solicita revisar los precios máximos de la vivienda de protección oficial, que según el grupo hoy superan a los del mercado libre en algunos casos. En Mérida, cita el barrio de Nueva Ciudad, donde fondos de inversión compran viviendas con inquilinos dentro.
Sobre el biometano, el grupo cifra en más de 34 los expedientes abiertos en Extremadura y reclama un plan de biometanización y una moratoria, por el impacto en las poblaciones donde se instalarían estas plantas.
En materia salarial, según el grupo, la homologación de los empleados públicos resulta insuficiente en estos presupuestos, mientras que la partida para altos cargos sube un 5,4 %. Según el grupo, desde 2023 el sueldo de la presidenta de la Junta ha aumentado 14.165 euros, mientras que los funcionarios públicos han recibido 200 euros.
Una huelga general convocada para el 11 de noviembre reclama vivienda digna, según el grupo.
