La Plataforma Salvemos La Coronada compareció este martes en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura, a petición del grupo Unidas por Extremadura, para exponer su posición sobre el macrovertedero de Villanueva de la Serena y el proyecto de planta de biogás previsto en las inmediaciones del municipio.
La propuesta central que el colectivo trasladó a los grupos parlamentarios es la creación de un comité de seguimiento ciudadano de carácter vinculante, integrado por representantes de los sectores afectados y de la comunidad científica, con capacidad para paralizar la actividad de estas infraestructuras si se detectan desviaciones respecto a los parámetros legales.
A ello se suman otras dos peticiones. Una, la aprobación de un plan estratégico regional de biometanización que ordene las necesidades del territorio antes de autorizar nuevas instalaciones. Otra, una modificación de la normativa ambiental que obligue a los ayuntamientos de las localidades afectadas a pronunciarse de forma expresa sobre cada proyecto.
La portavoz del colectivo, Josefa Blázquez Calvo, situó el origen del conflicto en 1993, año de implantación del macrovertedero. Según su exposición, la instalación se diseñó para recoger los residuos de 21 municipios con una vida útil de veinte años, pero en solo seis pasó a recibir los de 117 localidades, con una entrada estimada de 340.000 kilos de basura diarios. La plataforma atribuye la elección del emplazamiento a criterios económicos más que técnicos.
Entre los efectos que el colectivo denuncia figuran vertidos al río Zújar, contaminación de las aguas y episodios de olores que, según su cálculo, afectan al municipio durante más de dos terceras partes del año. La plataforma sostiene que esa situación repercute en la salud de la población local.
Sobre el proyecto de biometanización, la organización cuestiona tanto su dimensionamiento como su ubicación, a escasos metros del vertedero actual, lo que a su juicio reproduce las condiciones desfavorables del emplazamiento existente. El colectivo reclama estudios epidemiológicos, un análisis del impacto sobre los acuíferos y la aplicación del principio de precaución antes de cualquier autorización, y considera que el proceso ha carecido de transparencia.
Como alternativa al modelo de gran instalación centralizada, la plataforma defiende plantas de pequeña escala situadas cerca del punto de origen de los residuos, un esquema que, según su planteamiento, reduce la huella de carbono asociada al transporte y el riesgo de acumulación masiva.
La comparecencia se produce en un contexto de multiplicación de proyectos de biometanización en Extremadura en un periodo corto de tiempo, circunstancia que el propio colectivo señaló durante su intervención.